La socialista Armengol expulsa ahora a 40 auxiliares de enfermería de la sanidad balear por el catalán

La cruzada de la socialista Francina Armengol contra el personal sanitario que no tiene el título de catalán se ha cobrado nuevas víctimas. En esta ocasión, el Govern ha expulsado a 40 auxiliares de enfermería que Baleares necesita. Se trata de profesionales que figuraban en el listado provisional para ocupar plazas vacantes y que han sido rechazados por no acreditar el certificado de lengua catalana.

Aunque también eran necesarias las enfermeras, los celadores, los médicos y todo el personal sanitario que el IB-Salut ha defenestrado. El motivo, no tener el título de catalán. En este sentido, la plataforma por la libertad lingüística Mos Movem ha advertido de que seguirán los vetos.

Si algo escasea en la sanidad balear son los profesionales. No se trata de un problema reciente, sino de un mal endémico al que no se le pone solución. La insularidad y el coste de la vida en Baleares es una de las causas, pero la otra es la obligación de tener un certificado lingüístico de catalán. Y precisamente, esta segunda causa se ha agravado en los últimos años bajo el mandato de Armengol. La misma presidenta que entregó medallas a los sanitarios por su labor durante la pandemia, ahora les deja sin trabajo por no tener un título lingüístico.

Baleares vive una controversia que para la portavoz de Mos Movem, Belén García, «es vergonzosa y surrealista». «Falta personal en la sanidad y lo único que le importa a Armengol es si los trabajadores tienen o no un certificado de catalán que no es ni un requisito», ha criticado. García se refiere a que en 2018, el director del IB-Salut, Juli Fuster, corrigió unos errores en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) al decreto del 18 de noviembre de 2016. Dichas correcciones «sirvieron para especificar la baremación de los títulos». «En ese momento el certificado lingüístico deja de ser un requisito, para ser un mérito».

Cabe recordar que el decreto mentado lo aprobó el anterior pacto de izquierdas y establece que entre los requisitos para entrar en las bolsas de interinos está el conocimiento del catalán. Hasta la aprobación de dicho decreto, el conocimiento del catalán era un mérito, pero no un requisito. Se trata de una norma que afecta a todo el personal sanitario, desde celadores hasta médicos y enfermeras. Ello ha generado constantes protestas del sindicato médico Simebal, sobre todo en esta época de crisis sanitaria.

En ocasiones se han hecho excepciones a la aplicación del decreto, pero no esta vez. Ello se debe a las presiones de los soberanistas de Més, que quieren que se exija la titulación de lengua catalana en todos los ámbitos. Aunque en septiembre de 2020, a las puertas del inicio del curso escolar, se hizo una de estas excepciones. En aquel momento se consideraba urgente reforzar la limpieza para frenar los contagios por coronavirus; sin embargo, no había personal para estas tareas porque exigían tener título de catalán. Al final, el Govern integrado por socialistas, Unidas Podemos y soberanistas de Més tuvo que rectificar y aprobó un decreto urgente para eliminar este requisito, pero sólo en la convocatoria de limpiadores.

Crisis de personal

Los vetos siguen y no se contemplan excepciones. En su lugar, se prescinde de aspirantes a una plaza en el Servicio de Salud y Servicios Sociales. Hasta el momento, se ha expulsado a cerca de 2.600 profesionales y eso sin contar a los que se han marchado. Belén García afirma que «hay déficit de personal en todas las categorías de la sanidad balear y de los Servicios Sociales. Hay plazas vacantes en los centros de salud y una gran demanda de trabajadores sociales, debido a la situación de pandemia. «Todo ello por culpa de la obligatoriedad de estar en posesión del título de catalán».

García añade que el Goven de Armengol «hace gala de un fundamentalismo que afecta muy negativamente a los ciudadanos». «Ha montado un negocio con la Oficina de Derechos Lingüísticos que está destrozando a la sanidad balear». Dicha Oficina es un organismo creado en esta legislatura «para imponer a toda costa el uso del catalán». Está en manos de los nacionalistas y se dedica a presentar y tramitar denuncias por incumplimiento de la normativa sobre el uso de la lengua.